Infoglaciar

Lunes, 12 de Marzo de 2012 00:14

La estrategia del Gobierno de Chubut para exigir mayores inversiones a YPF, en el marco de los lineamientos de la OFEPHI, tendrá el martes 13 una definición en torno a si se avanza en la quita de las concesiones de las áreas Campamento Central-Cañadón Perdido y Escalante-Trébol.

Desde la petrolera se daría una respuesta con proyección de nuevas inversiones, aunque se atacará el argumento jurídico del decreto de intimación sobre la base de que en la ley de Hidrocarburos ni en el contrato de concesión hay pautas específicas en torno a los niveles de producción que debían garantizarse.

Paralelamente, el Gobierno nacional avanzaría nuevamente sobre la posibilidad de compra de capital accionario de la petrolera, en asociación con las 10 provincias productores y una posible participación de grupos empresarios.

Los problemas en torno a la actividad de YPF se profundizaron en los últimos días, a partir del reclamo de empresas contratistas que no accedieron al pago de anticipo del 23 por ciento de incremento salarial, firmado en diciembre último entre el sindicato y las cámaras de operadoras. Esto motivó demoras en el pago de suelos que derivaron en diversos piquetes y manifestaciones el viernes último, lo que llevó al secretario de la Cámara de Empresas Regionales, Enrique Casares, a afirmar que  “parece intencional, como si fuera parte de una estrategia el desangrar a las empresas locales”. En el mismo sentido crítico, el empresario advirtió que la situación se agrava porque arrastra problemas desde los últimos 3 años, por lo que señaló que ya no hay credibilidad tampoco en los funcionarios locales de la empresa, ya que hubo promesas de cumplimiento de pagos que finalmente no se concretaron: “Acá tenemos los 4 de copas instalados en Km. 3 y no tienen ningún tipo de poder de acción ni solución y todo lo que pueden decir carece de sustento”, expresó.

La situación, reiterada a lo largo de los últimos años, parece por estas horas un elemento más para la crispación en torno a la principal operadora del país.

De allí que se esperan definiciones de fondo para los próximos días. El gobierno provincial tendría resuelto avanzar en la reversión de las áreas, que volverían al Estado provincial (bajo dominio de Petrominera, según la última modificación al Estatuto de ésta: un punto que podría ser cuestionado por la oposición parlamentaria, ya que dicha potestad sería de carácter inconstitucional). Es que más allá del plan de inversiones que podría presentar la compañía de manera formal, el hecho sería el punto de inicio para una estrategia con anuencia del gobierno nacional, en la que este contemplaría ingresar nuevamente al control accionario de la compañía.

El senador Marcelo Guinle , al ser consultado en torno a si la quita de áreas en la provincia sería el primer paso en una estrategia que derivaría en el reingreso del Estado nacional a la compañía, expresó con su habitual cautela y circunspección: “por el lado del Estado provincial está claro que así es; y por el lado del Estado nacional hay una clara intención en ese sentido”, al tiempo que advirtió que deberán tomarse los recaudos necesarios para evitar consecuencias legales, valorando además la participación de sectores regionales en un nuevo paradigma, definido por la mayor presencia del Estado en los estratégicos asuntos energéticos. El mismo legislador restó peso a las versiones que lo ubicaban a él como posible interventor de la compañía.

Desde esa perspectiva, la quita de áreas implicaría un descenso en la cotización accionaria de la compañía –que ha sufrido una fuerte caída desde fines de enero último, habiendo llegado a perder un 40 por ciento de su valor hasta el día del discurso de apertura de sesiones del Congreso, en el que se especulaba con un anuncio de “estatización”-.

La asamblea de directorio realizada el jueves 8 de marzo en YPF, donde se pretendió aprobar el giro de 1.200 millones de dólares en concepto de ganancias, lo que fue objetado por el gobierno nacional (la decisión de la petrolera se pospuso hasta el mes de abril), sumó un nuevo elemento de tensión en la escalada. La postura del Estado apuntaba a que se conforme un fondo de reinversión de esas utilidades.

Según fuentes del gobierno provincial que conocen lo que se habló en los últimos días con el ministro Julio de Vido, la evaluación por estas horas pasaría por la forma en que el gobierno nacional se asociaría con los 10 Estados provinciales productores de hidrocarburos, para adquirir acciones de la compañía.

YPF tiene una composición accionaria en la cual la española Repsol tiene el 57,4 por ciento de las acciones; lo sigue el grupo Eskenazi, con un 25,5 por ciento y los tenedores particulares, con 17,1 por ciento.

La apuesta de máxima sería la compra del paquete hoy controlado por los españoles  (si la compañía hoy vale 12.000 millones de dólares, por ejemplo, la operación sería no inferior a los 6.800 millones de dólares.  

“Esto empezó para exigir un cambio a YPF, pero las respuestas y actitudes de la empresa han profundizado la crisis hasta un punto de no retorno”, dijo un observador del problema, con llegada a la casa de gobierno de Chubut. “Es cierto que ahora hay tiburones dando vueltas, pero esto no empezó por esos tiburones, sino que la misma conducta de la operadora fue llevando a esto”, enfatizó en igual sentido, en torno a nombres que han comenzado a circular y atribuyen interés a las áreas de Chubut y el eventual ingreso al manejo de YPF: nombres entre los que se especula, por caso, con los hermanos Bulgheroni, que en sociedad con los chinos de CNOOC trataron de comprar no hace mucho el 60 por ciento de PAE, que finalmente sigue –tras caer esa fallida operación- en manos de BP.

En otros ámbitos, hay quienes aseguran que el gobierno provincial anunciaría la quita de áreas con un acto político el miércoles 14 de marzo. Resta, no obstante, conocer la respuesta de la petrolera.

Para hacerlo, el plazo vence, casualmente, el próximo martes 13.